El presidente Federico Franco pide que los periodistas, "para tener una visión veraz", vayan a conocer las 7.862 hectáreas de tierras del ganadero Eliodoro Cohene, en Unión, San Pedro, que el actual Gobierno plantea de nuevo adquirir para grupos indígenas, a pesar de que diversos informes técnicos lo han desaconsejado.
Lo que el mandatario reclama ya lo hicimos el 19 de enero de 2012, cuando el autor de esta columna acompañó una visita que el entonces presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Óscar Ayala Amarilla, realizó a la propiedad, cuya compra era insistentemente reclamada al presidente Fernando Lugo por un grupo de nativos mbyá y avá guaraní, liderados por Panta Piris, con fuerte respaldo de figuras del propio entorno luguista, como el gobernador de San Pedro, José Pakova Ledesma, y los dirigentes de la Liga Nacional de Carperos (LNC), José Rodríguez y Eulalio López.
La edición de ÚH del 20 de enero de 2012 incluye en portada una fotografía del campo desolado, con el siguiente título: "Indi comprueba que tierras no son aptas para indígenas". El reportaje, en la página 27, detalla: "De las 7.862 hectáreas ofertadas, menos de 2.500 son montes altos, el resto es campo con arena y esteros".
Un informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería sostenía categóricamente que la mayor parte de las tierras no son aptas para cultivos, no son hábitat tradicional ni reúnen condiciones para asentamientos indígenas.
Pero lo más sugestivo era el precio de las tierras, que dos años antes se ofertaron por 1.000 millones de guaraníes, pero a fines de 2011, cuando el Gobierno de Lugo propuso la compra, la oferta ya era de 63.000 millones de guaraníes, arrojando sospechas de una escandalosa sobrefacturación y de un posible negociado.
Al parecer, primó la racionalidad institucional sobre los intereses sectarios, y Lugo tuvo que aceptar la contundencia de los informes técnicos, desechando la compra de las tierras. Además de las denuncias periodísticas, resultó decisiva la postura del entonces presidente del Indi, Ayala Amarilla, quien se enfrentó al sector de Pakova Ledesma y los carperos, que tenían gran influencia en la cúpula luguista, donde ejercían una especie de gabinete social paralelo.
Llamativamente, apenas Lugo fue destituido, Ledesma y los carperos renegaron de su exaliado y se abrazaron a su sucesor, Franco. La nueva alianza rindió sus frutos, como revela la acción gubernamental que ahora reflota la compra de las 7.862 hectáreas de tierras de Unión, con base en un nuevo informe del MAG, que contradice a los anteriores, a pesar de que el ministro Enzo Cardozo sigue siendo el mismo que hace un año respaldó una versión totalmente diferente.
(Publicado en la columna “Al otro lado del
silencio”, sección Opinión de Última Hora, edición sábado 10 de noviembre de
2012).
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(Anexo: Texto del reportaje tras la visita a las
tierras de Unión, publicado en UH el 20 de enero de 2012)
Indi constata que tierras de
Unión no sirven para asentar a indígenas
De las 7.862 hectáreas ofertadas, menos de 2.500
son montes altos, el resto es campo con arena y esteros. El presidente del Indi
recorrió ayer la propiedad y en quince días tendrá una resolución.
Por Andrés Colmán Gutiérrez
UNIÓN - SAN PEDRO
Un polvoriento camino de tierra parte desde el
cruce sobre la ruta 3, atraviesa el pueblo de Unión y al cabo de 20 kilómetros
llega hasta el portón de la Agroganadera San Pablo SA, de Eliodoro Cohene,
donde comienza la propiedad de 7.862 hectáreas, cuya compra reclaman los
indígenas de las parcialidades Ava Guarani y Mbya Guarani, recientemente
desalojados de la Plaza Uruguaya, de Asunción.
Al principio se observa una zona elevada de
serranías, con buena vegetación, pero a poco de ingresar a la propiedad, el
paisaje se va convirtiendo en extensos campos arenosos, donde se observan
algunas vacas pastando, instalaciones ganaderas, algunas zonas muy bajas y
esteros.
Ayer, aproximadamente a las 9.00, una comisión
técnica encabezada por Óscar Ayala Amarilla, presidente del Instituto Paraguayo
del Indígena (Indi), junto con expertos del Proyecto de Desarrollo Rural
Sostenible (Proders), del Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizaron una
visita de verificación al lugar. Aunque la visita debía realizarse sin
presencia de periodistas, el enviado de Última Hora logró ingresar, observar el
terreno y obtener fotografías.
RECORRIDO. Los
visitantes fueron recibidos por el propietario, Eliodoro Cohene, quien los guió
en un recorrido por la mayor parte del establecimiento, incluyendo campos,
retiros y una visita al casco central de la estancia, formado por una histórica
y bella casona colonial, que fue centro de la antigua estancia San Bernardo SA,
de los Gómez Zelada, formada a principios del siglo XX, originalmente con
24.000 hectáreas.
Durante la reunión mantenida con el propietario, el
presidente del Indi se comprometió a seguir el proceso de consultas con otras
comunidades indígenas de Caaguazú y San Pedro, antes de adoptar una resolución
final sobre la compra de las tierras, ofrecidas por la agroganadera a un precio
de 63.000 millones de guaraníes, y que según una nueva tasación del Ministerio
de Obras Públicas, están valuadas en 51.000 millones.
La posible compra de estas tierras se volvió
polémica porque dos años atrás parte de estas mismas tierras se ofrecieron por
1.000 millones de guaraníes, lo que desató la sospecha de una sobrefacturación
en la actual oferta. A esto se suma la presión que ejercen allegados al
presidente Fernando Lugo para que se concrete la operación.
Amable y hospitalario, el propietario de la
Agroganadera San Pablo, Cohene, no quiso sin embargo acceder a una entrevista
periodística y pidió que dirigiéramos las preguntas al contador de la empresa,
Carlos Antonio López.
"El propietario del establecimiento tiene
urgencia en que se resuelva si se van a comprar o no las tierras, ya se está
alargando mucho el proceso, y se están diciendo muchas cosas que no son
ciertas, que hay intereses políticos o de otro tipo por detrás. Eso no es
verdad. Nosotros realizamos una oferta, hace cerca de un año, y no tenemos
problemas en vender a otras personas, porque la tierra vale", señaló el
contador López.
INAPROPIADO. Tras el
recorrido, el presidente del Indi, Óscar Ayala Amarilla, declaró: "La
impresión inicial que tengo, tras conocer de cerca este lugar, es que estamos
ante un espacio geográfico que no es característico del tipo de asentamientos
que usualmente tienen los indígenas mbya y ava guarani".
"Esto supone que, en la eventualidad de
considerar un asentamiento en estas condiciones, necesitaría de tipos de planificación
y de organización muy distintos al cual el Indi o el Estado no están habituados
a realizar, y ni siquiera estamos en condiciones de acompañar hacia el
futuro", agregó.
Enfatizó que, por las características de extensión
del terreno, "la posibilidad de crear un asentamiento en un suelo con las
características más propias de un establecimiento ganadero, con muchas tierras
que son más bien pasturas, supone también un gran desafío a un modelo de
convivencia, social, que permita equilibrar el tipo de recursos disponibles en
el lugar, dado que este tipo de suelos y de inmuebles no expresan una
diversidad de lugares en donde uno pueda decir que permite asentamientos
diferenciados en lugares distintos".
"Es una situación bastante difícil, de cara a
poder dar curso a una reivindicación de ese tipo", destacó.
El titular del Indi planteó que la cuestión de
fondo es que el Estado, "en este momento y ante este caso, tiene la opción
de considerar la mejor tierra, de cara a que el lugar que está reivindicado en
ningún momento fue catalogado o establecido como un hábitat tradicional del
grupo que lo pretende".
"Sabemos que lo que genera una obligación para
el Estado es la relación que un grupo pueda demostrar o establecer respecto a
un lugar específico, más allá de sus condiciones geográficas. En este caso no
existe eso", afirmó.
Adelantó que en la primera quincena de febrero se
estaría dando una decisión final al caso.
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